Rivera Schatz v. Estado Libre Asociado 191 P.R. 449

RESOLUCIÓN

Examinado el Recurso de Certificación Intrajurisdiccional presentado por el peticionario de epígrafe, se declara “con lugar”. Art. 3.002(e) de la Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24y); Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. Véase AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros IV, 190 DPR 469 (2014). Consecuentemente, conforme con la Regla 23(b)(2) del Reglamento del *450Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRAAp. XXI-B, el caso pasa en su totalidad a la atención de este Tribunal.

A la Urgente Moción en Oposición a Recurso de Certificación, presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se provee “no ha lugar”.

Por otro lado, se paralizan los efectos de la Ley Núm. 109-2014 hasta tanto otra cosa disponga este Tribunal. Regla 57.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. Véase AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88 (2014) (Resolución).

Se le concede a la parte peticionaria hasta el 6 de agosto de 2014 para acreditar a este Tribunal que emplazó a las partes recurridas. Una vez se acredite esa gestión, las partes contarán con un término de diez (10) días naturales contados a partir de la notificación a este Tribunal para presentar alegaciones responsivas, incluso sus respectivos alegatos.

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o teléfono, y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto de conformidad, al que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo, el Juez Asociado Señor Rivera García y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez emitió un voto particular disidente, al que se unieron la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

*451Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres, al que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señor Kolthoff Caraballo, Señor Rivera García y Señor Feliberti Cintrón.

Estoy conforme con la Resolución que antecede. En AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88 (2014), dejamos claro que el Poder Judicial tiene facultad para emitir un injunction cuando una demanda contiene alegaciones tan serias y sustanciales que ameritan adjudicarse. Véase, además, R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., Lexis-Nexis, 2010, pág. 359.

En primer lugar, en este caso se alega que la ley impugnada (P. de la C. 1366) atenta contra el poder inherente de reglamentación de la profesión legal sobre la cual este Foro tiene primacía. Véanse: In re Rodríguez Zayas, 190 DPR 796 (2014); In re Figueroa Vivas, 182 DPR 347 (2011); In re Gervitz Carbonell, 162 DPR 665, 699 (2004); In re Bosch, 65 DPR 248 (1945); Ex parte Jiménez, 55 DPR 54 (1939).

En segundo lugar, se desprende de la demanda juramentada que en este caso se invocan importantes derechos civiles de los abogados, incluyendo el demandante (derecho de expresión y de asociación), que requieren nuestra atención inmediata.

Como mencionamos en AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, supra, es innecesario celebrar una vista evidenciaría como requisito previo para emitir un injunction preliminar cuando no existen controversias de hechos materiales. Luego de analizar con detenimiento el expediente de este caso, es forzoso concluir que la demanda presentada contiene alegaciones serias y sustanciales de derecho que ameritan la expedición del injunction preliminar para suspender los efectos de la ley impugnada. Véase *452 AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, supra. Aquí se alegó bajo juramento que la ley impugnada priva a la parte demandante de derechos reconocidos por la Constitución de Puerto Rico, por lo que aplica la excepción que establece el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA see. 3524.

Ante este cuadro, es risible la alegación que hace la Procuradora General en la pág. 4 de su oposición al señalar que emitir esta orden, sin vista previa, le viola al Estado su derecho a un debido proceso de ley. Oposición procurador general, pág. 4. Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe que “[l]os derechos constitucionales que recoge la Carta de Derechos le asisten a los individuos frente al estado, no viceversa. Estos derechos no pueden extenderse al Gobierno”. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 245, 262 (2012). Véase, además, P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916, 923 (1994). Los derechos civiles pertenecen a los ciudadanos para protegerlos, precisamente, del Estado. íd.

Además, en su moción en oposición, “la Procuradora General no ha impugnado ninguna de las alegaciones juramentadas que han hecho los peticionarios en este caso. Así, pues, no creó una controversia fáctica que impidiera la emisión de nuestra orden provisional de paralización”. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, supra, pág. 507.

Para finalizar, debe quedar claro que el proceso que he-mos pautado no coarta el derecho de la disidencia a expresar su sentir por escrito. Véase Regla 5(b) de nuestro Reglamento, 4 LPRAAp. XXI-B. Este calendario acelerado es necesario para proteger los intereses importantes, cuya posible violación se alega en la demanda jurada, y para defender la independencia de esta Rama Judicial que los padres fundadores de la Constitución nos encomendaron y que tenemos que salvaguardar con el mayor celo y compromiso. ¿Cuál es el “abuso”? ¿Proteger los derechos de *453los abogados y las facultades constitucionales de este Tribunal o la ley que recién se aprobó y ahora se impugna? Frente a lo aquí planteado, no hay que quejarse de cuántas horas se dieron para emitir la Resolución de hoy. De hecho, se concedió el doble de las tres horas que se le dieron a los Jueces Asociados Señores Rebollo López, Corrada Del Río y Rivera Pérez en Suárez v. C.E.E. I, 163 DPR 347 (2004), para expresar su disidencia a la decisión que adjudicó las elecciones del 2004. Véase Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 162 (2010), voto particular del Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Al leer la disidencia, el lector podría pensar que lo que se pretende es que se lea El Quijote en seis horas. En realidad lo que hay que leer es un recurso de certificación de veintiocho páginas con un apéndice de cincuenta y un folios, más una oposición de cinco páginas. Lo demás es cuestión de conocer el derecho y aplicarlo. En otras palabras, es cuestión de dedicarse a trabajar, porque para eso el Pueblo nos paga. No estamos aquí para hacernos de la vista larga ante alegaciones plausibles de violaciones de derechos ni para claudicar ante la posible usurpación de las facultades que la Constitución le delegó a este Tribunal. Eso es lo que diferencia el trámite de este recurso en comparación con lo que hicimos en Col. de Abogados v. E.L.A., 181 DPR 135 (2011). Como explicamos entonces, ninguna de las leyes impugnadas entonces “usurpó el poder de este Tribunal para reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico” y “toda vez que la legislación que nos ocupa va dirigida a hacer voluntaria la membresía en el Colegio de Abogados de Puerto Rico” “no [era] necesaria nuestra intervención”. íd., págs. 136-137. Ahora se alega que estamos ante la situación contraria. No podríamos exigir que otros respeten nuestras facultades constitucionales si nosotros mismos no lo hacemos. Si eso no requiere nuestra atención urgente, entonces seríamos el tribunal más inútil *454de Puerto Rico. Si a esa irrelevancia es a la que aspira el bloque disidente, mi única respuesta es la del proverbio chino:“cuidado con lo que deseas”.

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

En el pasado nos hemos expresado en innumerables ocasiones sobre el uso y abuso del recurso de certificación intrajurisdiccional por una mayoría de este Tribunal. Véase, por ejemplo, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011). Este recurso, por su naturaleza, supone ser utilizado excepcionalmente, pues altera el trámite ordinario de nuestros tribunales. Rivera v. J.C.A., 164 DPR 1 (2005).(1) Pese a nuestra oposición, utilizar este recurso ha sido la norma para el bloque mayoritario cuando se trata del resguardo de ciertos intereses. El caso de hoy es el mejor ejemplo.

En el recurso de certificación ante nuestra consideración se impugna la Ley Núm. 109 de 28 de julio de 2014 porque ésta requiere la colegiación compulsoria y el pago de la colegiación como condición para ejercer la práctica de la abogacía y la notaría. Sobre este asunto, la ley establece lo siguiente:

Los abogados que a la fecha en que entre en vigor esta Ley no estén colegiados deberán cumplir con dicho requisito en un término no mayor de noventa (90) días a contarse desde el lero de enero del próximo año natural posterior a la entrada en *455 vigor de esta Ley. (Énfasis suplido.) Art. 11 de la Ley Núm. 109 de 28 de julio de 2014.

Es decir, cualquier incidencia sobre los asuntos planteados por los peticionarios no surtiría efecto hasta noventa días después del 1 de enero de 2015. No obstante, a menos de veinticuatro horas de haberse presentado el recurso de certificación y mientras el Tribunal está en receso, lo que supone que una mayoría de los jueces y juezas apenas tuvo tiempo para evaluar el recurso, una mayoría da paso a la certificación presentada. Me pregunto —ya al cansancio— ¿por qué la urgencia? ¿Qué razones justifican la premura? La respuesta la ha venido hilvanando una mayoría de este Tribunal en su inusitado proceder al atender recursos de certificación intrajurisdiccional, particularmente en instancias en que permean asuntos de índole político-partidista.

No es de extrañar, entonces, que hoy una mayoría opte por encontrar razones para certificar esta controversia. Esto contrasta, por ejemplo, con el interés que no encontró una mayoría de este Tribunal hace apenas unos años cuando se nos solicitó que nos expresáramos sobre intereses similares a los hoy en controversia en Col. de Abogados v. E.L.A., 181 DPR 135 (2011). En aquella ocasión, sin embargo, era otra la parte demandante y otra la administración de turno.(2)

En el ejercicio de nuestra competencia jurisdiccional constitucional, estamos llamados a proteger y preservar los derechos del ciudadano frente a los excesos de poder del Estado. Ello nos obliga, necesariamente, a evaluar las acciones del Estado para cerciorarnos que éstas no chocan con los parámetros de la Constitución. Lo que implica, evidentemente, que toda legislación promulgada se puede so-*456meter a la evaluación judicial para considerar si es acorde a los parámetros que establece la Constitución.

En el ejercicio de esta extraordinaria competencia, los tribunales deben ser juiciosos, sensatos y prudentes sobre cuándo y cómo abordar estas controversias pues, de lo contrario, “corren el peligro de convertirse en actores políticos”. Rudolf Mellinghoff, Los tribunales constitucionales entre la autolimitación judicial y la injerencia político constitucional, pág. 3, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/ publica/librev/rev/dconstla/cont/2011/pr/pr31.pdf. Es precisamente ante ese peligro, que los tribunales, preocupados por su propia legitimidad, han recurrido a la doctrina de la autolimitación judicial. Esta doctrina exige, o le impone, a ese juez prudente reflexionar sobre el sabio ejercicio de la competencia constitucional.

No se cuestiona que “el Estado constitucional requiere, como condición indispensable de su realización, una jurisdicción constitucional independiente que controle los otros órganos constitucionales y los obligue a actuar de conformidad con la Constitución”. Mellinghoff, supra, pág. 10. Eso es una verdad de Perogrullo. Ese presupuesto no supone, sin embargo, que este Tribunal esté investido de un papel preponderante frente a los otros dos poderes constitucionales.

La Asamblea Legislativa es un órgano que también interpreta la Constitución y lo tiene que hacer para cerciorarse de que toda pieza que aprueba no conculque los derechos de los ciudadanos, según delineados en la Constitución. Es por ello, entre otras razones, que toda legislación se presume constitucional. Esta realidad tiene que ser respetada y no ninguneada por este Tribunal. Si bien este Foro es el último intérprete de la Constitución, la Legislatura es su intérprete inicial. El respeto que exigimos a nuestras Opiniones es el mismo que les debemos a los otros actores constitucionales. No podemos exigir que otros nos respeten cuando nosotros no les respetamos.

*457Con el proceder de hoy, de aceptar una certificación intrajurisdiccional en menos de veinticuatro horas de presentada, nos inmiscuimos a destiempo en esta controversia con visos de adelantar un juicio político sobre la misma. La prudencia exigía que en un ejercicio de autolimitación judicial no interviniéramos en la controversia en esta etapa de los procedimientos. Al hacer lo contrario, el bloque mayoritario continúa erosionando la legitimidad de este Foro, transformándolo en un ente inconsecuente para el País. Por entender que no existe fundamento jurídico alguno para expedir esta certificación y atender con urgencia una ley que no surtirá efecto hasta abril de 2015, disiento.

Voto particular disidente emitido por la

Jueza Asociada Oronoz Rodríguez, al cual se unen la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Disiento por entender que el proceder de una mayoría de este Tribunal no solo es precipitado, sino también contrario a derecho. Primero, no existe urgencia alguna que justifique abusar del recurso excepcional de certificación intrajurisdiccional y obviar el trámite ordinario que debe seguir la demanda de epígrafe. Segundo, la solicitud presentada por el Ledo. Thomas Rivera Schatz no cumple con los requisitos que nuestro ordenamiento exige para paralizar los efectos de una ley que se presume válida y constitucional.

I

Los hechos procesales que originan la Resolución de la cual disiento son breves. El lunes 28 de julio de 2014, el licenciado Rivera Schatz presentó una demanda en el Tri*458bunal de Primera Instancia. En ésta, impugnó la constitucionalidad de la Ley Núm. 109-2014, aprobada ese mismo día (Ley de Colegiación Compulsoria), y solicitó un injunction preliminar para suspender su implantación. Ayer, 29 de julio de 2014, a las 10:35 a. m., presentó la solicitud de certificación que hoy atendemos. Nos solicitó que certificáramos intrajurisdiccionalmente la demanda que presentó ante el foro primario. En solo horas, una mayoría de este Tribunal decidió conceder lo solicitado y certificar una Resolución a esos efectos, a mi entender, erradamente.

II

La Regla 23 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, rige el procedimiento para las certificaciones intrajurisdiccionales. A pesar de que esta regla dispone que este recurso se expedirá discrecionalmente, ello no nos autoriza a abusar de este recurso para adelantar la consideración de pleitos que todavía están en las etapas más tempranas de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.(1)

El caso de epígrafe no se limita estrictamente a controversias de derecho. Entre las alegaciones incluidas en su demanda, el licenciado Rivera Schatz cuestiona el interés apremiante del Estado para aprobar la Ley de Colegiación Compulsoria. En particular, señala que

[...] en ningún lugar en la referida ley se hace mención de problema alguno que las disposiciones de la Ley de Colegiación Compulsoria piensa atajar en materia de la reglamentación o práctica de la profesión legal o del notariado, problemas de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, problemas de disciplina en la profesión, problemas con la competencia de los servicios legales, problemas con el funcionamiento de los tribunales, o mal alguno derivado de la colegiación voluntaria de la abogacía o el notariado. Demanda, pág. 10, Apéndice de *459la Petición de certiorari, pág. 10.

Asimismo, el peticionario asegura que existen “medidas menos onerosas” para adelantar el interés que el Estado alega tener para justificar la aprobación de la ley impugnada.

Por su parte, el Estado presentó una “Urgente moción en oposición a recurso de certificación”, pág. 3, en la que sostuvo que

[...] es de notar que mediante el recurso de certificación el demandante pretende que este Alto Foro dilucide los méritos de la controversia meramente a base de sus alegaciones y sin que se cumpla con un proceso ordinario que le permita a las partes exponer adecuadamente sus respectivas posturas y, de ser necesario, presentar la prueba correspondiente.

De ambas comparecencias se desprende que las partes están en desacuerdo sobre la constitucionalidad de la legislación en controversia y las consideraciones tácticas que sirvieron de trasfondo para su aprobación. Consecuentemente, entiendo que tanto el peticionario como el Estado deben tener la oportunidad de defender sus respectivas posiciones mediante un proceso ordinario que ofrezca la oportunidad de presentar prueba, de ser necesario. Esto como parte del debido proceso de ley que nuestra Constitución garantiza a ambos. Véase Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Es por ello que me opongo a conceder el recurso de certificación intrajurisdiccional aseverando livianamente que el recurso ante nos solo presenta controversias de derecho. Sobre este proceder, comparto la consternación del Prof. Efrén Rivera Ramos cuando expresa que

[...] preocupa el uso frecuente de los recursos de certificación para elevar cuestiones litigiosas al Tribunal Supremo sin que se tenga el beneficio de desarrollar un récord fáctico apropiado en los tribunales inferiores. Si bien en determinadas y excepcionales ocasiones el recurso de certificación puede servir laudables fines de interés público, su generalización y abuso puede trastocar seriamente la administración de la justicia. Mal utilizado, puede privar a los litigantes, sobre todo a los *460que litigan contra el Estado, de la oportunidad de presentar adecuadamente sus reclamos, probar sus alegaciones y refutar las alegaciones del Estado demandado. En fin, puede escamotearles el derecho a que sus derechos se adjudiquen sobre bases fundadas en hechos establecidos mediante procesos confiables y justos. Ese abuso puede constituir, en definitiva, una privación efectiva a los litigantes de su día en corte. (Énfasis en el original). E. Rivera Ramos y J. Farinacci Fernós, Derecho constitucional, 80 (Núm. 3) Rev. Jur. UPR 603, 635 (2011).

III

Tampoco estoy de acuerdo con ordenar la paralización de los efectos de la Ley de Colegiación Compulsoria. Es evidente que la demanda presentada por el licenciado Rivera Schatz no cumple con la normativa sobre la concesión del recurso extraordinario de injunction preliminar. Al respecto, el Art. 678(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA see. 3524, establece lo siguiente:

No podrá otorgarse un injunction ni una orden de entredicho [...] [p]ara impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico [...] a me-nos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida.

Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá dictar dicha orden de entredicho provisional, injunction preliminar o permanente sujeto a los términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil:

(a) En aquellos casos en que ello sea indispensable para hacer efectiva su jurisdicción y previa una determinación de que la orden es indispensable para evitar un daño irreparable a la parte peticionaria.

(b) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea el causante de que alguien esté privando al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o leyes de los Estados Unidos de América que sean aplicables a las personas bajo la jurisdicción del Estado *461Libre Asociado de Puerto Rico.

Por otro lado, la Regla 57.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, requiere que se celebre una vista para considerar una solicitud de injunction preliminar. Véase D. Rivé Rivera, Recursos extraordinarios, Ira ed., Atlanta, Ed. Darby Printing Company, 1989, pág. 28. Esto garantiza el debido proceso de ley de las partes, al concederles la oportunidad de ser oídas y de presentar su prueba. Id. Además, la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que, para expedir un recurso de injunction preliminar, se deben considerar los siguientes factores:

(a) La naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria;

(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley;

(c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;

(d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;

(e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y

(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria.

Vemos, pues, que para conceder un injunction preliminar es indispensable cumplir con el requisito de que el peticionario esté sujeto a sufrir un daño irreparable. Véanse: Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631 (2005); Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez et al., 154 DPR 333 (2001); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200 (1975).

Otro requisito que nuestras Reglas de Procedimiento Civil exigen en cuanto a la concesión de este tipo de injunction está contenido en la Regla 57.5 de dicho cuerpo reglamentario, la cual establece que “[t]oda orden que conceda un entredicho provisional o un injunction preliminar o permanente deberá expresar las razones para su expedición. Será redactada en términos específicos y describirá con detalle razonable [...] el acto o actos cuya realización se prohíbe”.

En este caso, el peticionario impugna la constitucionalidad de la Ley de Colegiación Compulsoria. De acuerdo *462con el derecho aplicable antes reseñado, esta legislación se presume constitucional y válida. Según lo exige el Art. 678(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, no podemos ordenar su paralización, toda vez que no existe una sentencia final y firme que decrete su inconstitucionalidad o invalidez. Tampoco están presentes los requisitos para paralizarla mediante un injunction preliminar. Hacerlo no es indispensable para hacer efectiva nuestra jurisdicción. No existe una determinación judicial previa de que expedir el injunction evitaría un daño irreparable al peticionario. De hecho, la propia ley impugnada establece en su Artículo 13 que “[l]os abogados que a la fecha en que entre en vigor esta Ley no estén colegiados deberán cumplir con dicho requisito en un término no mayor de noventa (90) días a contarse desde el lero de enero del próximo año natural posterior a la entrada en vigor de esta Ley”. (Enfasis suplido). Es decir, los abogados no colegiados y las abogadas no colegiadas, así como el peticionario, tienen hasta noventa días después del 1 de enero de 2015 para cumplir con lo dispuesto por el estatuto. Siendo así, no hay urgencia alguna para paralizar los efectos de la ley y acelerar precipitadamente el trámite judicial del caso de referencia.

De la misma forma, tampoco procede conceder la paralización solicitada fundamentándonos en que el peticionario alega una violación a sus derechos constitucionales. Para ello, el inciso (b) del Art. 678(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 678(3)(b) exige celebrar una vista antes de conceder el injunction preliminar. Véanse: Regla 57.2(b) de Procedimiento Civil, supra; Rivé Rivera, op. cit. Obviar esta exigencia para acoger el curso de acción dispuesto en la resolución implicaría que cualquier ciudadano podría detener la implantación de cualquier ley con solo alegar una violación a sus derechos constitucionales.

*463Nótese, además, que la Resolución emitida no cumple con la Regla 57.5 de Procedimiento Civil, supra, pues no especifica las razones para la expedición del injunction preliminar.

Para obviar el craso incumplimiento con el marco jurídico reseñado, la Resolución cita otra Resolución: AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88 (2014). Basta recordar que las Resoluciones no constituyen precedente. Véanse: Delgado, Ex parte, 165 DPR 170, 182 (2005); Mayol v. Torres, 164 DPR 517, 546 (2005); Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 DPR 765, 777 (1989). Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. I, pág. 158.

Por todo lo anterior, entiendo que la prudencia y el derecho nos exigen permitir que el caso siga su trámite ordinario ante el Tribunal de Primera Instancia. Los jueces y las juezas de dicho foro cuentan con la experiencia, la capacidad y los recursos para atender este asunto con la rapidez y el cuidado que amerita. Así, las partes podrán presentar sus respectivas posiciones. Una vez el foro primario emita el dictamen correspondiente, la parte que esté inconforme podrá recurrir a los foros apelativos y estaremos en mejor posición para atender detenida, pero oportunamente, los asuntos planteados.

IV

Por último, no puedo finalizar mi disenso sin hacer constar mi decepción con el trámite apresurado que una mayoría de este Tribunal impuso para certificar la Resolución de la cual disiento. La solicitud de certificación llegó a este Tribunal ayer, 29 de julio de 2014, a las 10:35 a. m. Hoy, a las 10:10 a. m, se nos circuló el memorando recomendando el curso de acción e informando que la Resolu-

*464ción correspondiente se certificaría hoy a las 4:00 p. m. No se nos incluyó copia de la solicitud de certificación que se pretendía conceder.(2)

Además de que el curso de acción es contrario a derecho y de que no existe urgencia alguna que lo justifique, sostengo que, como mínimo, se debió brindar más tiempo a los miembros de este Foro para examinar la solicitud de epígrafe. Me parece desafortunado que haya tenido que formular apresuradamente una posición sin haber contado desde un inicio con el beneficio de tener copia del recurso y sin que este caso esté revestido del tipo de urgencia que, en otras circunstancias, hubiera justificado tal proceder. En definitiva, esta no es la manera en que el Máximo Foro de nuestro País debe atender asuntos de tan alto interés público.